La Superintendencia de Educación Superior nació como resultado de un amplio acuerdo nacional, mediante el cual se identificó la necesidad de contar con un organismo público que tuviera como objetivo primario aumentar la confianza en el sistema de educación superior, contribuyendo a generar las condiciones que permitieran resguardar la fe pública depositada por la sociedad en las distintas casas de estudios, tanto estatales como privadas.
Estos primeros casi tres años de gestión se han desarrollado en medio de un escenario de alta complejidad para el país, en el que hemos debido compatibilizar la implementación del servicio con la urgente necesidad de ejercer nuestro rol de supervigilancia y fiscalización, velando por los derechos de las comunidades educacionales.
De esa manera, consciente de la enorme responsabilidad que significa implementar este proyecto, sorteando las complejidades y amparados en el compromiso de un pequeño-gran equipo, la Superintendencia de Educación Superior (SES) logró convertirse rápidamente en un actor relevante para la ciudadanía y las instituciones académicas.
Durante 2021 pudimos advertir importantes señales del impacto que ha ido generando la acción de la SES sobre el sistema, velando, por una parte, porque se respeten los compromisos que las instituciones de educación superior han suscrito con sus estudiantes y, por otra, contribuyendo al buen funcionamiento de las casas de estudios del país, resguardando que sean financieramente sustentables y que cumplan con la Ley, en el marco de la autonomía que les confiere la ley.
Al igual que en 2020, en 2021 la pandemia condicionó profundamente el trabajo de la Superintendencia y en esa línea una de sus tareas prioritarias fue el verificar que las instituciones de educación superior avanzaran gradualmente a una mayor normalización en la entrega del servicio educacional, en la medida que las condiciones sanitarias del país así lo fueron permitiendo. Con ese objetivo, se aplicó el segundo plan de fiscalización en el contexto del Covid-19 y que, a diferencia del primer proceso acotado a 45 casas de estudios, esta vez la supervisión incluyó a todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país. Además, consideró la entrega de reportes mensuales que permitieron ir monitoreando periódicamente cómo las distintas instituciones fueron progresando en materia asistencia presencial y en la recuperación de actividades rezagadas correspondientes al año 2020 y al primer semestre de 2021.
Otro paso importante dado en 2021 fue el convenio de colaboración firmado con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), mediante el cual la SES asumió la responsabilidad de la evaluación financiera de las casas de estudios del país, de su nivel de cumplimiento normativo y de la conflictividad con sus comunidades, todo ello como un importante insumo para el proceso de acreditación institucional que exige la nueva Ley sobre Educación Superior.
Este cambio ha marcado un avance importante en cuanto al análisis de la sustentabilidad de las instituciones de educación superior, ya que por primera vez cuenta con la participación de un organismo público especializado en el ámbito financiero y circunscrito a la realidad de la educación superior, sino que además ha permitido incorporar información más completa de la realidad financiera de las casas de estudios, producto de una revisión continua, y no sólo en base a un reporte acotado al escenario del momento en que se desarrolla la evaluación institucional.
En el plano normativo se concretó la publicación de dos normas fundamentales, como fue la Norma de Carácter General Sobre la Rendición del Aporte Institucional para la Gratuidad y las Normas Contables para Instituciones de Educación Superior No Estatales. Esta última permitió que dichas casas de estudios puedan -a partir del próximo año- elaborar sus estados financieros asegurando estándares similares que permitan una comparabilidad entre las instituciones. De esta manera, tanto las instituciones de educación superior estatales como las no estatales cuentan con una ruta clara y definida respecto de cómo realizar la entrega de información sobre sus ingresos y gastos, dando certeza al sistema, y a la vez permitiendo dar mayor eficiencia al trabajo fiscalizador de la Superintendencia.
El reto es amplio y diverso. Las demandas de la ciudadanía, así como las exigencias para responder a cabalidad el mandato que nos impone la Ley, han ido en aumento. La educación superior es una herramienta esencial para el desarrollo humano y un motor de movilidad social, además de tener un valor estratégico fundamental para el país. De esta forma, resulta imperioso que la Superintendencia de Educación Superior se constituya como un pilar del sistema y que sea capaz de responder a la expectativa que los chilenos tienen respecto de este importante sector.
Los resultados del esfuerzo dispensado durante este tercer año de trabajo serán revisados a lo largo de la presente Cuenta Pública, repasando las diversas acciones que hemos llevado adelante y los importantes avances alcanzados en los distintos ámbitos de nuestra acción.
Si quiere realizar algún comentario o consulta respecto a lo informado en la Cuenta Pública 2021, puede hacerlo a través de este enlace.
Gerardo Egaña Durán
Superintendente de Educación Superior (S)
