“Hemos venido a la Universidad esta semana para comunicar la decisión que se tomó en torno a aprobar el plan de recuperación. Desde el punto de vista de la Superintendencia, esto significa que quisimos conversar con todas las instancias, pero también con los principales grupos de interés de la Universidad para clarificar lo que está ocurriendo y lo que va a pasar a continuación”, destacó el Superintendente.

Salazar añadió: “Para nosotros es muy importante este plan y queremos apoyar el desarrollo de acciones que son difíciles de tomar para una institución tan consolidada como la Universidad Austral, en torno a salir de la situación de déficit financiero en que se encuentra. Eso implica que tiene que haber mayor participación, pero también mayor transparencia y también razonabilidad y objetividad en las medidas que se vayan tomando. Hemos invitado a todas las instancias a tratar de producir las condiciones necesarias para que este plan sea legítimo, que su implementación sea correcta y que beneficie a la institución como un todo, sin perjuicio de los costos que la comunidad va a pagar a propósito de estas iniciativas”, finalizó la autoridad nacional.

Por su parte el Rector de la Universidad Austral, José Dörner,  manifestó que “la visita del Superintendente de Educación Superior ha sido muy positiva en el marco del diálogo que ha sostenido con los distintos estamentos de nuestra casa de estudios. Valoro que aceptará nuestra invitación y pudiera encabezar las reuniones que se generaron, con espacios de diálogos muy sinceros y honestos, donde se hicieron consultas que fueron respondidas claramente por el Superintendente; quien ha puntualizado que las medidas que se tomen tienen que hacerse sobre la base de criterios claros, objetivos y conocidos, teniendo como base llevar a cabo las medidas que se han propuesto en el Plan de Recuperación”, destacó.

Asimismo, el Delegado Presidencial Regional de Los Ríos, Jorge Alvial señaló que: “Desde el Gobierno hemos estado acompañando la visita del superintendente, quien sostuvo una serie de reuniones, y valoramos esta visita puesto que viene a entregar certezas y a aclarar dudas respecto al plan de trabajo que está llevando la Universidad para lograr una sostenibilidad financiera en el corto plazo, lo que es de público conocimiento. Se especificó el trabajo y el rol que vamos a tener como Gobierno, para acompañar a la universidad en todo este proceso”, destacó Alvial.

Respecto de los procesos académicos, el Seremi de Educación, Juan Pablo Gerter indicó: “Esta visita se enmarca en la aprobación del plan de recuperación, y con el objetivo de generar certezas y entregar tranquilidad a la comunidad estudiantil de que los procesos académicos tienen que mantenerse y desarrollarse con la normalidad que exige esta universidad. Esta visita nos permite ir dialogando de primera fuente respecto a los aspectos centrales que le darán estabilidad a la universidad. Así hemos obtenido certezas en cuanto a los caminos que hay que seguir y valoro que los estudiantes, como parte esencial de la casa de estudios, reciban la información que requieren”.

Para la Superintendencia es de gran importancia poder conocer testimonios como el que entrega la presidenta de la Fundación y madre de José Galasso, Odette Hofer, quien decidió orientar todos sus esfuerzos a sensibilizar y “promover el bienestar en los ambientes de educación superior, generando entornos de enseñanza y aprendizajes saludables, libres de estigma, con el fin de prevenir crisis personales o emocionales extremas, y evitar pensamientos, ideación o acciones suicidas en nuestros jóvenes estudiantes”.

“Este es un tema que excede a una institución o a una carrera en particular, tiene un alcance más transversal y que tenemos que abordar como comunidad de la educación superior. En consecuencia, la Superintendencia está trabajando para que eso ocurra, iniciando una serie de conversaciones con todos los actores que tienen responsabilidad en el ejercicio formativo que se desarrolla en los campus clínicos y en la convivencia que se produce en ellos, con el objeto de reforzar la prevención de cualquier tipo de hechos que puedan afectar la integridad física y/o psíquica de las y los estudiantes a través de una nueva normativa general”, señaló el superintendente Salazar.

Para la presidenta de la Fundación José Galasso la visita a la Superintendencia dejó sensaciones muy positivas. “Ha sido muy grato saber que la Superintendencia está abierta a escuchar los problemas de los estudiantes y desde ahí tomar ciertas medidas y lograr a fin de año, ojalá, medidas específicas para poder evitar que estas graves situaciones se sigan repitiendo. En la conversación se trataron distintos temas que han abordados los estudiantes y lo que me alegra mucho es que se está formando una mesa de trabajo intersectorial que proyecta un trabajo con altura de miras”.

Además de los otros integrantes de directorio de la Fundación, Hofer asistió acompañada de Krisna Ramírez, directora nacional de la Federación de Estudiantes de Kinesiología, y Nicolás Abasolo, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile (Asemech). Ambos también valoraron el encuentro y adelantan que distintos actores del sector estudiantil se están coordinando para promover cambios que protejan la salud mental de los estudiantes, especialmente, en los campos clínicos.

“Tengo la sensación de que existe una clara disposición al diálogo, a realizar cambios, con una mirada colaborativa, en equipos. Ojalá a través de este diálogo, tanto con la Asociación Nacional de Estudiantes de Salud (AnaesChile) como con otras organizaciones estudiantiles, se puede lograr modificaciones a los protocolos y a los métodos de fiscalización que tenemos actualmente en los centros de práctica clínica en salud y que son urgentes para poder asegurar una relación más amena con los estudiantes”, comentó Ramírez.

Abásalo, por su cuenta, agregó que “se están trazando varias líneas sobre lo que tenemos que hacer de aquí a futuro, tanto en la formación en aula como en los campos clínicos. Creemos fundamental establecer un trabajo colaborativo con las entidades gubernamentales y estatales que participan en sector estudiantil, para que sean parte activa la generación de estas propuestas”.

En la oportunidad, el Superintendente informó que mañana (miércoles 10) termina el plazo para que la Universidad de los Andes presente la información solicitada por la SES mediante un oficio. “En función del mérito de la respuesta que tengamos, cuyo contexto todavía no conocemos, definiremos el curso a continuación”, precisó Salazar.

La madre de la estudiante llegó a la Superintendencia acompañando a la directiva de la Federación de Estudiantes y la Consejería Superior de la Pontificia Universidad Católica, encabezada por Catalina Jofré, quien expresó la preocupación de parte de los estudiantes por los problemas que se están produciendo en las prácticas profesionales. “Creemos que es momento que las prácticas profesionales sean un lugar de aprendizaje, de educación y que no sea un sinónimo de dolor (…) Es urgente la necesidad de tener avances legislativos y normativos que permitan un modelo educativo que no propicie el menoscabo de nuestra salud”, expresó.

Por su parte, Carolina Cors, agradeció al Superintendente por recibirla y escuchar la situación por la que había pasado mi hija. “Yo siento una muy buena disposición de parte de la Superintendencia a poder investigar las cosas que pasaron. Y bueno, lo más importante es que aparte de investigar, realmente logremos un cambio importante en cómo son las relaciones dentro de los campos clínicos universitarios. Ojalá no sólo de la salud, sino que de todas las carreras y universidades”.

El Superintendente subrayó que “este es un tema que tenemos que abordar y que excede a una institución o una carrera en particular, tiene un alcance más transversal y que tenemos que abordar como comunidad de educación superior. En consecuencia, la Superintendencia va a trabajar para que eso ocurra (…) Aquí corresponde dar una vuelta de tuerca importante acerca de hasta dónde podemos llegar en la fiscalización de estos procesos y lograr que situaciones como ésta no se vuelvan a repetir. Y esto no sólo significa que las personas que cometieron estas infracciones no vuelvan a hacerlo, sino que como sector de educación superior tengamos muchísimo cuidado en la formación de los estudiantes, particularmente en el área de salud. Las rotaciones en los campus clínicos es un tema delicado que necesita ser abordado integralmente y la Superintendencia va a avanzar en ese trabajo también a continuación”.

El pasado 15 de febrero, la Universidad Austral de Chile presentó formalmente su propuesta de Plan de Recuperación 2024-2025. Esta medida tiene como objetivo que la institución aborde de manera autónoma los significativos problemas identificados durante la investigación desarrollada por la SES.

Tras una exhaustiva revisión y análisis de las medidas y acciones propuestas originalmente por la Universidad, la Superintendencia identificó diversas observaciones y advirtió que, de no ser corregidas oportunamente, comprometían la efectividad del plan de recuperación y su impacto en la salud financiera y administrativa de la institución.

El pasado 2 de abril, la Universidad ingresó a la Superintendencia un nuevo informe en el que detalla un conjunto de medidas que subsanan en gran parte las deficiencias detectadas por la SES, aplica los ajustes requeridos y se compromete con una profunda reestructuración organizacional y operativa. El objetivo central de estas medidas apunta a mejorar la eficiencia y restituir la sostenibilidad financiera de la Universidad Austral de Chile.

Esta Superintendencia también valora el esfuerzo desarrollado por las autoridades de la universidad y sus distintos estamentos, quienes, conscientes del complejo escenario que vive la institución, acercaron posiciones para comprometer una hoja de ruta que asegure de manera responsable el futuro de la institución.

En virtud de lo anterior, esta Superintendencia ha decidido aprobar el plan de recuperación presentado por la Universidad Austral de Chile, lo que sumado al informe favorable entregado por el Ministerio de Educación, implica el inicio de un proceso que exige la ejecución de acciones prioritarias que la institución deberá llevar a cabo a la brevedad para asegurar la viabilidad y el éxito de las etapas posteriores del plan.

No obstante, es fundamental que, de manera inmediata, la Universidad ejecute el plan de acción financiera, adopte las medidas académicas urgentes y establezca una unidad de seguimiento que garantice el integral cumplimiento del plan de recuperación.

Durante el período de ejecución de este plan, que no podrá exceder un plazo de dos años, la Superintendencia velará por que éste se cumpla en sus distintas etapas. Para estos efectos, la Universidad deberá remitir a la Superintendencia un primer informe trimestral, al 5 de julio de 2024, sobre el estado de implementación de las medidas críticas y responder oportunamente a los requerimientos que se le puedan formular. Si esto no fuese así, la Superintendencia evaluará negativamente la implementación de las medidas del plan y avanzará en la adopción de alternativas que permitan asegurar la sostenibilidad financiera de la institución. Para monitorear de cerca este proceso, designará próximamente un delegado a cargo de dar un detallado seguimiento a cada una de las iniciativas comprometidas en el plan. 

La Superintendencia de Educación Superior confía en el compromiso asumido por las autoridades de la Universidad Austral de Chile y valora la comprensión y colaboración de su comunidad, la cual jugará un papel fundamental en la tarea de recuperar y consolidar el proyecto institucional, regional y nacional de la UACH.

José Miguel Salazar

Superintendente de Educación Superior

Hasta el momento de esta comunicación, la Superintendencia no ha recibido ninguna denuncia o reclamo formal relacionados con este caso. Sin embargo, debido a la gravedad de la situación, se ha resuelto actuar de oficio.

La información disponible hasta ahora apunta a que su deceso se habría producido en el contexto de una serie de denuncias realizadas ante la Universidad. Por eso, se ha oficiado a la Universidad de los Andes para que entregue a la SES toda la información que disponga en relación con esta lamentable situación, las acciones que desarrollará para clarificar lo ocurrido y la manera en que está enfrentando otras denuncias similares, en caso de existir.

La Superintendencia de Educación superior reitera la importancia de que las instituciones de educación superior desarrollen sus actividades regulares en un clima de una sana convivencia y que sus autoridades resguarden el derecho a estudiar en ambientes libres de todo tipo de violencia.

Superintendencia de Educación Superior

Respecto a este punto, el Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar señaló que: “Creemos que esta alza en el registro de reclamos y denuncias que se produjo durante 2023 responde a varios factores, siendo uno de ellos el hecho que los estudiantes hoy poseen un mayor conocimiento de las herramientas y capacidades que ofrece la nueva institucionalidad para resolver los problemas que se presentan con sus instituciones. Recordemos que la Superintendencia posee menos de cinco años de funcionamiento y su creación le permitió al país contar, por primera vez, con un organismo fiscalizador del sistema de educación superior y que, entre sus principales tareas, está resolver los reclamos que le presenten los distintos miembros de las comunidades educativas, con el objeto de contribuir a resguardar sus derechos y a resolver las controversias que se produzcan entre ellos”.

Otro factor innegable, a juicio de Salazar, es que durante el año pasado hubo varias instituciones que enfrentaron importantes problemas financieros, situaciones que exigió diversas acciones de fiscalización por parte de la Superintendencia y, junto con ello también, una intensa acción en términos de atender los reclamos y denuncias que surgieron desde dichas comunidades.

Alta resolución en favor del reclamante

El informe elaborado por la SES destaca que el 56% de los casos admisibles y cerrados durante 2023 terminó con resolución favorable para el solicitante. Esto debido a que en 855 casos la institución requerida comprometió una solución y en otros 435 casos evidenció una solución. Un 28% de los casos se cerró porque el reclamante no perseveró y un 8% por desistimiento del usuario.

Respecto a este punto, el Superintendente Salazar manifestó su satisfacción por “el valor que este indicador significa para los usuarios de nuestra plataforma. Esto responde en gran medida a que las instituciones de educación superior, en general, han sido muy colaboradoras en poder ofrecer soluciones a los integrantes de sus comunidades, mostrando una valiosa disposición a llegar a acuerdos y eso hay que resaltarlo, al igual que la capacidad de mediación que han desarrollado los equipos de la SES”.

La plataforma de atención ciudadana de la SES está disponible en el sitio web www.sesuperior.cl y ofrece un servicio 100% remoto, pudiendo los usuarios verificar en línea los pasos que se han ido ejecutando en la tramitación de sus casos.

Al segregar por tipo de institución el total de reclamos y denuncias que ingresaron a la SES en 2023, el resultado da cuenta que las universidades, que concentran el 55,5% de la matrícula total del sistema de educación superior, acumularon el 57% de los casos, mientras que los Institutos Profesionales (IP), que agrupan el 34% de la matrícula, recibieron el 35% de los requerimientos. Por su parte, los Centros de Formación Técnica fueron sujeto del 8% de los reclamos y denuncias, en tanto que su matrícula representa el 11% del sistema.

 Distribución de casos por regiones, variación año anterior y tasa por cada 10 mil matriculados

Categorías y materias

 En cuanto a las temáticas que generaron más reclamos durante 2023, estas se concentraron en las categorías Académicas, con 662 requerimientos, lo que representa un 16.4% del total de los casos recibidos, y Progresión Académica, con 898 casos, equivalente a un 22.3%.

Dentro del área Académica, la materia que más casos concentró fue la asociada a problemas con la Calidad del Servicio, con un total de 255 requerimientos, equivalente al 38.5% de esa categoría.

En categoría Administrativa, las materias más reclamadas fueron las relacionadas a

Plazos Excesivos en Tramitaciones (38.4%) y Desorden Administrativo (17.1%). Mientras que los reclamos vinculados a la categoría Financiera más reiterados tuvieron que ver con problemas en materia de Beneficios Estudiantiles (24,6%) y Cobros por Retiro/Suspensión Académica (24.4%).

Por temas de Convivencia se recibieron 209 casos (5.2% del total), siendo las materias más reclamadas en este ámbito aquellas relacionadas a Hostigamiento Docente (28.2%) y a Violencia, Maltrato y Bullying (22%).

En la jornada, la Superintendencia y Vertebral acordaron establecer un trabajo de colaboración para abordar temas de interés común, tales como la supervisión del cumplimiento de la Ley N° 21.369, que previene y sanciona el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, así como también profundizar en la metodología del nuevo informe que la SES presentará a la Comisión Nacional de Acreditación, entre otras materias relevantes para el sector.

En representación del consorcio educativo asistieron el rector del Centro de Formación Técnica San Agustín de Talca, Sergio Morales Díaz, quien desde enero pasado ocupa la presidencia de Vertebral; la vicepresidenta y rectora del Instituto Profesional AIEP, Loreto Ferrari; y el tesorero y rector de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago (ECAS), Rodrigo Cerón.

Vertebral tiene presencia en más 30 ciudades de Chile y en conjunto sus planteles albergan a 464.000 estudiantes del sistema de educación superior.

Este programa de desarrollo de talento iniciado el año 2019, tiene como propósito que mujeres que trabajan en el Estado desarrollen nuevos conocimientos y capacidades directivas, a través de un programa de mentoría. Las participantes son mujeres profesionales de diversos servicios públicos de la Administración Central del Estado, quienes son guiadas por mentoras de reconocida trayectoria en el mundo público y privado.

Al respecto, la fiscal señaló que “el programa +Mujeres de Servicio Civil ha sido una instancia muy valiosa para mi desarrollo profesional, que me ha permitido compartir experiencias y desafíos con distintas mujeres que ejercen cargos de liderazgo en el sector público.  Espero que el programa siga creciendo y que más mujeres del sector público se sigan sumando a esta innovadora iniciativa”.

En la graduación, la ministra Orellana destacó el valor que tienen los programas de formación de liderazgos femeninos, resaltando que han contribuido a relevar el rol de la mujer en el sistema público. Un dato que confirma este hecho es que actualmente el 41% de los nombramientos de Alta Dirección Pública han recaído en mujeres.

“La formación en género tanto desde la óptica de la gestión interna, como de la óptica de la red de mentoría y de la gestión misma de las políticas públicas y su impacto en las personas, es un mecanismo facilitador y protector, que genera mejores entornos para el ejercicio de la función pública. Estamos muy contentas y espero también, contentos, con estas cifras récord de la Alta Dirección Pública y espero que sepamos que este no es un techo, sino un escalón más y que continuemos multiplicando esta experiencia de mentoría”, subrayó la secretaria de Estado.

En ese mismo sentido, Orellana valoró también el reciente envío a Contraloría de la Norma de Aplicación General en Equidad de Género para su futura implementación en todo el sector público.

Actualmente, +Mujeres está conformado por una red de 500 mujeres profesionales, de las cuales 349 son guiadas, 50 son mentoras y 51 poseen doble rol guiadas/mentoras. En su versión 2023, las 102 graduadas pertenecen a 60 servicios públicos y un 51% de ellas era de la región Metropolitana.

Como agencia pública responsable de velar por el correcto funcionamiento de las instituciones de educación superior del país, porque respeten las leyes y los compromisos convenidos con sus comunidades estudiantiles, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y, sobre todo, con la eliminación de las brechas, sesgos y estereotipos de género que impactan en las trayectorias educativas y laborales de todas las personas, especialmente de mujeres y diversidades de género.

Desde el ámbito de gestión que le corresponde, esta Superintendencia tiene la importante responsabilidad de supervisar y fiscalizar que las universidades, institutos profesionales y los centros de formación técnica cumplan con una correcta implementación y aplicación de la Ley 21.369. Esta norma fue promulgada en 2021 para prevenir y sancionar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior y convertir los campus académicos en espacios libres de todo tipo de violencia.

En ese ámbito, el pasado 23 de octubre, la SES emitió la circular que actualiza el oficio circular de 2022 que interpreta la Ley 21.369, reforzando su compromiso de fortalecer la nueva institucionalidad. En ella se releva la importancia de trabajar con un enfoque de género, los principios de protección a las víctimas, no revictimización y reparación, con criterios orientadores; e impulsar en las instituciones de educación superior que los procesos se deben desarrollar con la celeridad que la naturaleza de las denuncias exige, entre otras varias materias.

Junto con ello, el 13 de noviembre la Superintendencia organizó un primer encuentro informativo con más de 200 representantes de las direcciones de género de las distintas instituciones de educación superior del país para reforzar los contenidos de la nueva circular.

Posteriormente, el 18 de enero de este año, la SES dio inicio a un ciclo de tres talleres de retroalimentación sobre el cumplimiento en la implementación y ejecución de la Ley 21.369 y en el que participaron más de 80 instituciones de todo el país, en modalidad presencial y online.

Dichas jornadas permitieron a la Superintendencia contar con una mirada amplia sobre cómo ha avanzado el sistema en la implementación de las exigencias establecidas en la ley y cuáles han sido los principales nudos que han debido enfrentar las casas de estudios. Compartir esa información, recoger la valiosa experiencia acumulada por las unidades de género de las diversas casas de estudios, compararla con la realidad internacional y poder identificar las buenas prácticas que se han ido consolidando fueron parte de los objetivos que motivaron a la SES a organizar estos talleres de retroalimentación.

En su esfuerzo permanente por eliminar cualquier barrera de discriminación en el ámbito de la educación superior, la Superintendencia reformó su formulario de recepción de reclamos y denuncias en contra de instituciones de educación superior que ingresan a la SES para incorporar en la pregunta de género, auto reportado por usuarias y usuarios del Servicio, añadiendo las subcategorías femenino, masculino, transfemenino, transmasculino, otras, y campo “prefiero no responder”, en conjunto con identificación del sexo.

En la ocasión, Salazar confirmó que el administrador provisional presentó a la SES el diagnóstico de las condiciones administrativas, financieras y patrimoniales en que recibió la institución, y que se espera que a fin de mes presente el plan de recuperación con las medidas y acciones orientadas a lograr el equilibrio financiero de la universidad.

“Puedo decir que ya hemos recibido el diagnóstico que levantó el administrador provisional respecto a las condiciones en que recibió la institución. En este minuto estamos analizando si tenemos algún comentario que aportar a dicho informe. A continuación vamos a recibir durante marzo el plan de recuperación que se encuentra elaborando el administrador Prieto. Este va a ser evaluado por la Superintendencia en el mes de abril y esperamos que durante ese mismo mes tengamos una línea de acción clara para mostrar a la comunidad política, social y universitaria de Aysén, en términos de cómo este escenario se va a mover y cuáles van a ser los énfasis, las líneas de trabajo y los resultados que hay que producir. Porque ese plan de recuperación tiene que tener, para cada una las dimensiones en que se va a trabajar, un conjunto de acciones e indicadores de resultados específicos que se deben cumplir”, señaló Salazar.

El Superintendente precisó que “estamos en un escenario en que vamos convergiendo hacia donde se debe mover la universidad en los próximos años. El periodo del administrador profesional dura dos años y tenemos que ver exactamente qué es lo que se alcanza a hacer en ese tiempo, y bajo la propuesta del administrador, lo que estamos viendo es un plan de recuperación que se va a mover hacia hacerse cargo de las condiciones fundamentales para la operación de una universidad y eso es lo que razonablemente creo que vamos a poder resolver en este período”.

Por su parte, el administrador Juan Pablo Prieto presentó el detalle de sus primeras medidas al frente de la institución, precisando que se proyecta a fin de año alcanzar el equilibrio financiero y que para 2025 se espera haber resuelto el endeudamiento con proveedores y endeudamiento interno, lo que permite estimar un saldo final de caja de aproximadamente $1.456 millones.