La novedad es que las casas de estudios pueden eliminar el distanciamiento físico cuando las sedes o campus alcancen un porcentaje de esquema completo de vacunación de 80% o más de sus estudiantes. En caso contrario, las personas que asistan de forma presencial a su institución deberán mantener la distancia física mínima de 1 metro lineal.

Entre las medidas generales se mantiene el uso correcto de la mascarilla, tapando boca, nariz y mentón; generar una adecuada ventilación de los espacios cerrados, y llevar al día un registro de los asistentes para hacer la trazabilidad, si fuese necesario.

La Superintendencia de Educación Superior (SES) mantendrá durante todo el segundo semestre el Pan de Fiscalización revisando que las casas de estudios avancen en el retorno presencial de sus estudiantes y cumplan con las medidas indicadas en el protocolo ya descrito.

El documento lo pueden descargar en este enlace.

Esta decisión no afectará la comunicación y el contacto con la ciudadanía ya que mantendremos los canales de consultas a través de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.

En el caso que necesite enviar documentos oficiales a la Oficina de Partes, diríjalos al correo electrónico oficinadepartes@sesuperior.cl.

Finalmente, si requiere realizar un reclamo o denuncia debe ingresar a la plataforma de atención ciudadana disponible en nuestro sitio web www.sesuperior.cl y responder la información que se le solicita.

Protegernos es tarea de todos. Recuerda usar siempre mascarilla, lavarse las manos con jabón de manera frecuente, usar alcohol gel y mantener el distanciamiento físico. Además, respete las indicaciones de las medidas sanitarias, las cuales buscan minimizar los contarios de este virus. Para más información visita www.gob.cl/pasoapaso/

El Oficio Circular N°2 de la SES, con fecha 10 de noviembre, se enmarca en el contexto que ha establecido el Ministerio de Salud a través del “Plan Paso a Paso”, el cual define las medidas sanitarias dispuestas para el control de la emergencia de manera diferenciada a las distintas localidades de nuestro país, estableciendo una aplicación decreciente de los resguardos sanitarios restrictivos de las garantías fundamentales afectadas por el estado de excepción constitucional, a medida que la evolución de la situación epidemiológica lo amerite.

En esa línea, la SES señala que es responsabilidad de cada institución de educación superior, en atención a su realidad particular, planificar e implementar las medidas conducentes a normalizar la prestación del servicio educativo en caso de ser posible. Para ello, precisa, las casas de estudios deben contar con una planificación adecuada que les permita priorizar aquellas actividades en que la presencialidad constituye un elemento central en la formación del estudiante, tales como prácticas, talleres, laboratorios y las actividades finales de titulación.

“La decisión de las casas de estudio de impartir la enseñanza de manera remota durante esta emergencia depende directamente de sus propias realidades y, sobre todo, de las condiciones epidemiológicas de la zona en que se emplazan en el momento de adoptarse dicha decisión. En consideración de esto, hemos instruido a las instituciones a que planifiquen e implementen las medidas que les permitan normalizar gradualmente la prestación presencial del servicio educativo, en la medida de que las condiciones lo posibiliten, y dando además estricto cumplimiento a las instrucciones y recomendaciones de la autoridad sanitaria”, señala el superintendente, Jorge Avilés.

El avance de fase de del Plan Paso a Paso conlleva una disminución gradual de los elementos que configuraron la situación de caso fortuito o fuerza mayor, establecidos por esta Superintendencia en el Oficio Circular N°1, del 30 de marzo de 2020. En ese sentido, “la implementación y mantención de formas de prestación del servicio educativo diversas a las originalmente convenidas con los respectivos estudiantes deben ser concordantes, en todo momento, con el estado de avance o de retroceso de la situación epidemiológica (…) A partir del análisis técnico de la situación sanitaria que lleva a cabo periódicamente la autoridad competente para ello, las instituciones de educación superior ubicadas en las comunas que han avanzado en el “Plan Paso a Paso” pueden comenzar a realizar actividades de manera presencial, así como adoptar las medidas tendientes a la gradual normalización de la entrega de los servicios educacionales”, establece la nueva circular.

El documento agrega que las instituciones deben evaluar y diseñar estrategias y planes de trabajo de carácter flexibles, de modo que les permitan responder ágilmente a un avance o retroceso en el “Plan Paso a Paso”, que pudiera hacer necesario recurrir, nuevamente, a los sistemas alternativos de entrega de los servicios educativos.

En este contexto, la SES remarca que las instituciones de educación superior en condiciones de realizar actividades de manera presencial deben definir las medidas preventivas, planes y protocolos, en conformidad con los criterios de las autoridades sanitarias, “que les permitan resguardar la salud e integridad de sus comunidades estudiantiles, de sus docentes y demás personal.

En esa misma línea, advierte que las casas de estudio “deben tener en consideración las eventuales dificultades particulares que puedan afectar a determinados estudiantes y que justifiquen la adopción de medidas alternativas y excepcionales” que no generen menoscabos en sus estudios.

La SES remarca que mantiene un monitoreo permanente del funcionamiento del sistema de educación superior a través de los reclamos y denuncias que presenta la ciudadanía, cuya información sirve de insumo para la realización de acciones que permitan acreditar el resguardo efectivo de los intereses de las comunidades estudiantiles por parte de las casas de estudio. Para realizar estos análisis, se considera especialmente las particularidades de cada caso y la realidad de las instituciones que se vean involucradas.

La Superintendencia de Educación Superior pone a disposición de la ciudadanía el informe consolidado del “Plan Especial de Fiscalización de las medidas adoptadas por las Instituciones de Educación Superior, en el contexto de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19”, proceso que se inició en abril pasado y que involucró a 45 instituciones de educación superior: 15 universidades, 15 institutos profesionales y 15 centros de formación técnica de todo el país.

El documento incluye el plan de fiscalización, los criterios utilizados para elegir a las 45 casas de estudio, sus resultados y las conclusiones de este proceso.

La Superintendencia de Educación Superior (SES) informó que 35 de las 45 instituciones sometidas al Plan Especial de Fiscalización, orientado a evaluar la entrega del servicio educativo en el contexto de la pandemia por COVID-19, lograron superar el mínimo establecido.

Para el órgano regulador, el resultado da cuenta de que un número importante de las instituciones de educación superior fiscalizadas, equivalente a un 78% de éstas, fue capaz de implementar medidas suficientes en los ámbitos de gestión académica y administrativa, las que le han permitido enfrentar el desafío de la migración transitoria desde las clases presenciales a una modalidad de enseñanza a distancia, procurando hacerlo en condiciones razonablemente equivalentes a las contratadas inicialmente por los estudiantes.

Para evaluar el desempeño de las Instituciones durante el período evaluado, la SES estableció como umbral de logro el que las instituciones superasen un mínimo de 80% de las 16 dimensiones sujetas a evaluación.

Si bien un 22,2% de las instituciones fiscalizadas no fue capaz de dar cumplimiento al mínimo establecido, su incidencia en el estudiantado total es muy acotada, alcanzando sólo un 1,3% de la matrícula sujeta a fiscalización. Lo anterior, permite a la SES establecer que la mayor parte de los estudiantes que cursan programas académicos en las instituciones fiscalizadas, lo hacen en condiciones razonablemente equivalentes a las propias de la educación presencial, considerando las restricciones de la actual situación sanitaria.

En cuanto a las 10 instituciones que no alcanzaron a cumplir con el piso exigido, cinco de ellas se encuentran en el rango entre un 50% y un 80% de logro, por lo que la Superintendencia les requirió la adopción de medidas que les posibiliten, en el corto plazo, superar las brechas de incumplimiento, para así alcanzar el estándar mínimo.

En el caso de las cinco instituciones restantes, al no haber sido capaces de acreditar medidas en al menos un 50% de las dimensiones establecidas, se les aplicará un procedimiento sancionatorio, en el que se pueden aplicar multas de hasta 10 mil UTM.

“Producto de la pandemia, las instituciones de educación superior del país debieron seguir impartiendo enseñanza, pero ahora con la difícil tarea de equilibrar el resguardo de la salud de sus comunidades con el derecho a la educación de sus estudiantes. En ese contexto, es una muy buena noticia que el 78% de las casas de estudios evaluadas en este Plan Especial de Fiscalización hayan superado el mínimo exigido, acreditando con ello la adopción de medidas alternativas que permitieran entregar un servicio educacional en condiciones razonablemente equivalentes a las que regían previo a la emergencia”, señaló el superintendente Jorge Avilés.

Las dimensiones mejor logradas por las instituciones en el Plan Especial de Fiscalización corresponden a aquellas relacionadas con la aplicación de medidas en los ámbitos de: reordenamiento y ajuste curricular; habilitación de canales de comunicación para la comunidad educativa; capacitación a estudiantes y docentes y; resguardo de la continuidad operativa para los servicios académicos y administrativos de apoyo.

Por el contrario, en las dimensiones que alcanzaron un nivel de logro más bajo se incluyen las siguientes: evaluación de los niveles de satisfacción de la comunidad educativa respecto de la impartición de la docencia en modalidad virtual; levantamiento diagnóstico de las condiciones de acceso y conectividad de la comunidad educativa para el uso de plataformas virtuales; implementación de medidas de contingencia a partir del levantamiento diagnóstico e; implementación de medidas de apoyo extraacadémico, con especial énfasis en aquellas de tipo psicológico y socio emocional.

Este plan especial de fiscalización fue el primer ejercicio a gran escala que registra la SES en menos de un año y medio de gestión, considerando que sometió a fiscalización de manera simultánea a 45 instituciones, lo que representa casi un tercio de las casas de estudio del sistema. Lo anterior es relevante, además, porque dichas instituciones abarcan un 53,5 % del total de la matrícula de pregrado, lo que representa, a su vez, un 83% de la matrícula de centros de formación técnica; un 67,8% de la de institutos profesionales y casi un 34% de la universitaria.

La SES fiscalizará, además, que aquellas instituciones a las que les fue requerida la adopción de medidas cumplan con dichas exigencias para alcanzar los mínimos establecidos por esta Superintendencia. Asimismo, se sustanciarán los respectivos procedimientos administrativos sancionatorios en aquellos casos mencionados.

Finalmente, se hace presente que las casas de estudio deben planificar, en atención a su realidad particular, el conjunto de medidas que aplicarán para la normalización de la entrega de los servicios educacionales en la forma originalmente convenida con sus estudiantes, una vez que las condiciones sanitarias lo permitan.

Instituciones seleccionadas para el Plan Especial de Fiscalización de la Superintendencia

A fines de mayo, las instituciones seleccionadas hicieron entrega a la SES de la información requerida. Desde ese momento, el equipo de fiscalizadores se ha dedicado a revisar y chequear minuciosamente el material recibido, en materia de gestión curricular, de docencia y de acompañamiento estudiantil. Se espera que durante los próximos días Gabinete reciba los informes de cada institución, los que establecerán si el plantel cumple en condiciones de enseñanza equivalentes a las pactadas, si se requiere más información o si, definitivamente, está por debajo del mínimo y se recomienda abrir un proceso administrativo sancionatorio.

“En general hemos comprobado una muy buena respuesta de parte de las instituciones. La gran mayoría de las casas de estudios implementó rápidamente planes de contingencia y reorganizó su programación curricular para ajustar su funcionamiento a las condiciones que impuso esta emergencia sanitaria. Este proceso no ha estado exento de dificultades y requiere de un normal proceso de aprendizaje” indicó el superintendente Jorge Avilés, destacando que “se requieren respuestas que combinen soluciones eficaces con la urgencia correspondiente. Por lo mismo, estamos trabajando aceleradamente para ayudar a corregir eventuales problemas”.

Si una institución tiene un cumplimiento bajo el 50%, se le abre un proceso administrativo. Cambiar de forma arbitraria las condiciones del servicio es una infracción grave, por lo que si se confirma, el plantel arriesgaría una multa cercana a los $50 millones (1.000 UTM).

El diario El Mercurio abordó el tema y conversó con algunas de las autoridades de las instituciones requeridas en este plan fiscalizador. Revisa estas declaraciones a través del enlace de EMOL.

“Hemos diseñado este plan especial de fiscalización que verificará las medidas dispuestas por las instituciones en los ámbitos curricular y de acompañamiento estudiantil, tales como capacitación a académicos y estudiantes en el uso de plataformas; acceso de los estudiantes a recursos digitales necesarios para cursar las asignaturas en formato online y medidas de atención psicológica, entre otras”, afirmó el superintendente Jorge Avilés.

Este plan viene a complementar las acciones de solicitud de información periódica que, tanto la Superintendencia como la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, han realizado desde el inicio de la suspensión de actividades presenciales, además de la recepción de reclamos mediante las plataformas virtuales ofrecidas permanentemente a la ciudadanía. Al respecto, la autoridad fiscalizadora precisó que “frente a esta emergencia, la Superintendencia ha decidido actuar en base a cumplimientos de etapas. La primera de ellas fue instruir a las instituciones de educación superior la difícil tarea de implementar modalidades alternativas a las presenciales para continuar prestando los servicios educacionales durante este periodo de excepción transitoria, logrando equilibrar la salud de sus comunidades con el derecho a la educación que tienen sus estudiantes”, por lo que “cumplida esa primera fase, hemos considerado fundamental avanzar en la revisión específica de cómo las distintas instituciones se encuentran entregando el servicio educacional en las circunstancias actuales”, agregó la autoridad fiscalizadora.

El plan

El plan de fiscalización considera la revisión de las medidas implementadas por las instituciones de educación superior fiscalizadas en el ámbito de la gestión curricular, docencia y acompañamiento estudiantil. A su vez, se recopilará información relacionada a las medidas financieras y administrativas que las casas de estudios han debido adoptar producto de la emergencia sanitaria.

Esta acción se aplicará a 15 universidades, 15 institutos profesionales y 15 centros de formación técnica, los que serán determinados según el nivel de cumplimiento en el envío de información requerida por la Superintendencia y de gestión de los conflictos internos que se hayan suscitado a propósito de la suspensión de actividades presenciales. Para esto, se considerará la oportunidad y pertinencia del cumplimiento en el envío de información requerida por la Superintendencia mediante el Oficio N°121, del 16 de marzo de 2020, y la cantidad de reclamos y/o denuncias presentados en su contra ante la Superintendencia de Educación Superior, además de la información sobre reclamos aportada por el Servicio Nacional del Consumidor, a contar de la misma fecha.

Evaluación de las instituciones

En cuanto a la forma en que será evaluado el desempeño de cada una de las instituciones respecto del programa de fiscalización, se han establecido tres tramos de cumplimiento, siendo el mínimo un 80% de las temáticas contenidas en las 16 dimensiones que contiene el programa de fiscalización.

Por su parte, respecto de aquellas instituciones que acrediten un cumplimiento superior a 50% e inferior a 80% de las dimensiones que considera el programa de fiscalización, serán oficiadas a fin de que adopten e implementen las medidas que les permitan cumplir con el porcentaje mínimo establecido, dentro de un plazo que definirá la Superintendencia.

Respecto de aquellas casas de estudios que acrediten un cumplimiento inferior al 50%, se les instruirá un procedimiento administrativo sancionatorio, de conformidad a lo prescrito en la Ley N°21.091, sobre Educación Superior, con la finalidad de determinar la existencia de hechos que pudieren ser constitutivos de alguna infracción, lo cual puede ser sancionado con una amonestación o multa de hasta 1.000 UTM por cada caso. Asimismo, la Superintendencia podrá determinar acciones conjuntas en esta materia con el Servicio Nacional del Consumidor.

Finalmente, en relación al programa adicional de revisión de información sobre medidas de gestión institucional y financiera, las instituciones que no entreguen la información requerida por la Superintendencia se exponen a ser sancionadas por incurrir en la infracción gravísima de “Impedir u obstaculizar deliberadamente la fiscalización de la Superintendencia”, lo cual puede ser sancionado con una amonestación o multa de hasta 10.000 UTM.

De esta manera, el primer punto fue activar el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES), liderado por la Subsecretaría de Educación Superior -perteneciente al Ministerio de Educación-, e integrado además por la Superintendencia de Educación Superior (SES), la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y el Consejo Nacional de Educación (Cned). Entre las instituciones coordinarán sus tareas para apoyar las medias que las casas de estudios estén realizando para evitar la propagación del Covid-19, pero también generar otras acciones que permitan que los estudiantes tengan acceso a un proceso formativo de calidad, resguardando siempre la seguridad de todas las comunidades educativas

Las otras medidas adoptadas fueron:

1. Disponer de la plataforma de enseñanza online Google Suite para instituciones que no cuentan con herramientas de formación a distancia. En el enlace que te ofrecemos hay información para rectores a fin de solicitar el beneficio, y un tutorial para instalar la plataforma.
2. Destinar fondos para instituciones con el fin de desarrollar y fortalecer educación a distancia.
3. Se acuerda alianza con nueve instituciones para compartir buenas prácticas y capacitación a docentes en modalidad online. Quienes ya firmaron esta alianza son: la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Valparaíso y la Universidad del Desarrollo. Se suman el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica INACAP, el Instituto Profesional DUOC, el Instituto Profesional AIEP, y el Instituto Profesional Iplacex.
4. Se oficia a todas las instituciones para que actualicen periódicamente su información sobre las acciones implementadas para el resguardo de las actividades académicas en el contexto de la pandemia del Covid-19.
5. Extender periodo de postulación a beneficios estudiantiles para la educación superior hasta el viernes 27 de marzo en www.fuas.cl