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SES Delivers Results of its Third Financial Health Study of Higher Education in Chile

La Superintendencia de Educación Superior (SES) presentó este viernes los resultados de su Tercer Estudio de Salud Financiera sobre Gastos y Costos en la Educación Superior 2012-2024, en una ceremonia realizada en el auditorio de la Contraloría General de la República.

El documento es una radiografía inédita sobre cómo las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país distribuyen sus gastos, estableciendo, por ejemplo, cuánto cuesta formar a un estudiante en Chile y cómo ha caído la matrícula en instituciones con salud financiera vulnerable.

El informe cierra una serie iniciada en 2023 y tiene un objetivo eminentemente descriptivo: ordenar, transparentar y comparar la estructura de gastos del sistema, incorporando cruces con matrícula, dotación académica y niveles de acreditación. A diferencia de estudios previos enfocados en ingresos, esta versión pone el acento en costos, remuneraciones y su relación con la calidad y la sostenibilidad financiera.

El estudio se construye a partir de la información contenida en los estados financieros auditados que las instituciones de educación superior han presentado a la Superintendencia de Educación Superior y considera a 120 instituciones con matrícula activa.

La presentación culminó con un análisis de los resultados por parte de un panel de expertos integrado por Sonia Suárez, economista del BID especializada en educación; Cristóbal Villalobos, subdirector de CEPPE UC; y el economista Carlos Cáceres, con amplia experiencia en análisis financiero universitario y gestión estratégica en Chile y Latinoamérica.

El costo de formar a un estudiante

Uno de los resultados que revela el estudio es el gasto promedio por estudiante, indicador que muestra cuánto invierte, en promedio, cada institución en la labor formativa, al dividir los gastos totales por el número de su matrícula de pregrado.

De acuerdo con ese ejercicio, en 2024, el gasto total promedio por estudiante alcanzó $4,5 millones anuales, un aumento significativo respecto de los $2,9 millones registrados en 2012, reflejando una tendencia sostenida al alza en el sistema. Sin embargo, el promedio esconde brechas estructurales profundas entre subsectores.

Según el estudio, las universidades estatales lideran el gasto con $8,2 millones por estudiante al año, seguidas por las universidades privadas pertenecientes al CRUCH, with $7,2 millones. Más atrás aparecen las universidades privadas no CRUCH, con cifras cercanas al promedio del sistema ($4,5 millones), mientras que el sistema técnico-profesional exhibe los niveles más bajos: entre $2,0 y $2,3 millones por estudiante en institutos profesionales y centros de formación técnica.

Menos estudiantes en instituciones vulnerables

Otro dato clave del estudio es la evolución del número de estudiantes matriculados en instituciones que presentan una salud financiera vulnerable, es decir, que presentan un mayor deterioro financiero.

En la clasificación 2025, 25 instituciones -equivalentes al 20,3% del total analizado- se ubicó en esta condición. El grupo está compuesto por:

  • 10 universidades (18,2% del total de universidades),
  • 8 institutos profesionales (27,6% del universo IP),
  • 7 centros de formación técnica (17,9% del total de CFT).

 

No obstante, el impacto es relativamente acotado. La matrícula asociada a estas instituciones llega a 42.741 estudiantes, lo que representa solo el 3,3% de la matrícula total de pregrado del sistema. De ellos, 29.579 estudian en universidades, 9.100 en institutos profesionales y 4.062 en centros de formación técnica.

El estudio, además, da cuenta de una caída sostenida de la matrícula expuesta a instituciones que presentan una salud financiera vulnerable en comparación con años anteriores, fenómeno que la SES asocia a procesos de recuperación institucional, ajustes internos y, en algunos casos, a la salida del sistema de instituciones en crisis.

Seis de cada diez pesos se destinan a remuneraciones

Al observar la estructura del gasto, el estudio constata que en 2024, el sistema destinó aproximadamente $6,2 billones en gasto total, de los cuales:

  • $3,7 billones correspondieron a remuneraciones,
  • $1,8 billones a gastos de administración y ventas,
  • y cerca de $576 mil millones a otros gastos operacionales.

 

En términos porcentuales, las remuneraciones representan cerca del 59% del gasto total, aunque con diferencias relevantes por tipo de institución. Las universidades estatales destinan el mayor porcentaje, con casi un 69%, mientras que las universidades privadas y las privadas CRUCH se sitúan entre 55% y 58%. En el subsistema técnico-profesional, la proporción es menor y fluctúa entre 49% y 53%.

Cuánto se paga por enseñar

El informe profundiza también en indicadores que permiten aproximarse al costo del trabajo académico, tanto por persona como por jornada completa equivalente (JCE).

En 2024, el gasto promedio mensual en remuneraciones por JCE alcanzó $3,1 millones a nivel sistema, considerando exclusivamente el gasto que destinan las instituciones a remuneraciones académicas. Nuevamente, las universidades estatales encabezan este ítem, con $4,5 millones mensuales, seguidas por las privadas CRUCH ($3,9 millones). Las universidades privadas no CRUCH bajan a $2,9 millones, mientras que los IP y CFT se mueven entre $1,5 y $1,7 millones, respectivamente.

Haciendo el mismo ejercicio, se observa un patrón similar al medir el gasto mensual por académicos, donde el promedio del sistema llega a $1,4 millones, pero con universidades estatales duplicando esa cifra y el subsistema técnico-profesional registrando los valores más bajos.

El costo de la calidad

Uno de los mensajes más claros del estudio es que la calidad conlleva un alto costo. Esta relación se vuelve aún más evidente al observar el gasto promedio de las instituciones según su nivel de acreditación. De acuerdo con el estudio, las instituciones no acreditadas registran un gasto promedio anual de $3,5 miles de millones, cifra que más que se duplica a $7,7 miles de millones en aquellas casas de estudios que lograron la acreditación básica. En el siguiente escalón, las diferencias son aún mayores: las instituciones con acreditación avanzada alcanzan un gasto promedio de $48,8 miles de millones. Si una de estas últimas instituciones quisiera ascender a una acreditación de excelencia, deberían más que triplicar su inversión, ya que hoy los planteles que se ubican en este nivel concentran, en promedio, un gasto de $172,3 miles de millones.

El superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar enfatiza que una de las conclusiones más evidentes que arroja el estudio es que “no existe una sola educación superior en Chile, sino múltiples realidades conviviendo bajo un mismo marco regulatorio. Aunque persisten instituciones con fragilidad financiera, la proporción de estudiantes expuestos ha disminuido y el sistema, en su conjunto, muestra capacidad de recuperación tras el shock vivido entre 2019 y 2021, producto de la pandemia”.

La autoridad concluyó manifestando que “más que entregar diagnósticos cerrados, este informe busca transparentar cifras, ordenar comparaciones y aportar evidencia para una discusión informada sobre financiamiento, calidad y sostenibilidad de uno de los sectores más relevantes para el desarrollo del país”.

En las próximas semanas se entregará el informe consolidado del Tercer Estudio de Salud Financiera sobre Gastos y Costos en la Educación Superior 2012-2024.

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CLAIM

The claim it is the request to the Superintendent for this to intervene as a mediator in the dispute existing between the complainant and any of the institutions of higher education are controlled. 

Purpose of the Claim:

Propose an alternative solution to the particular problem of the claimant in the event of a mediation that instruct the Superintendent.

To file a claim, what should I consider?

I am the person concerned or the I represent

I have a problem that I have not been able to resolve with an Institution of Higher Education.
I have a history to prove the problem (emails, audios, texts, documents, formal, etc..) with the institution of higher education.

Propose an alternative solution to the particular problem of the claimant in the event of a mediation that instruct the Superintendent.

Claim Stages

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COMPLAINT:

The Complaint it is the act by which informs the Superintendency of a potential irregularity, with the object that this Investigate and take appropriate action

Purpose of the Complaint:

Apply by the Superintendence sanctions
apply in accordance with the law.

It is important to consider that the complaint does NOT pursue a
solution to the particular problem of the complainant

To file a complaint, what should I consider?

I am the person concerned or the I represent.

I want or do NOT want to reveal my identity (If the option is NOT you will be contacted by a member of the SES to lift or ratify such reserve).

I can describe the specific facts constituting a violation, the date and place in which they occurred.

If possible, I will identify the alleged infringer (faculty, students, administrative authority, etc).

Stages of the complaint

What types of complaints fall under SES jurisdiction?

Under the categories of complaints: 

Obtaining academic background: certificates (notes, a regular student, ranking, recognition of hours, title, grade, and exit), plans and programmes, concentration notes

Problems in the community institutional arising from violations of the internal regulations of the institutions 

Charges for removal or academic suspension, charging wrong.

Benefits and/or grants student grants and loans) 


    Misleading advertising 
   Infrastructure or equipment, laboratories, computer support 

    Application and admission selection test 

    Comprehensive policy against sexual harassment, violence and gender discrimination 

What types of complaints are not within the SES's jurisdiction?

  Breaches in the area of school Education 

  Application and renewal of scholarships allocated by the Ministry of Education

 Higher education institutions are not officially recognized by the State

 Requirements in closed institutions 

 Labour issues

  Tuition associated with immigration documentation