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La Superintendencia de Educación Superior es un organismo público creado por la Ley N°21.091, sobre Educación Superior, orientada a fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnicas del país, así como fiscalizar porque éstas destinen sus recursos a los fines que les son propios, de acuerdo a la ley y sus estatutos.
Esta institución fue creada como parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, compuesto también por el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación.
Este organismo fiscalizador inició sus funciones en mayo de 2019 y tiene como propósito contribuir a la mejora de la calidad de la educación impartida en la educación superior colaborando, junto al resto de los órganos pertenecientes al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, a aumentar la transparencia y la confianza que las personas y la ciudadanía en el sistema, resguardando a su vez la fe pública depositada por la sociedad en las diversas instituciones de educación superior del país.
En el ejercicio de su función fiscalizadora y de supervigilancia, la Superintendencia respeta la autonomía de las instituciones de educación superior y la libertad académica que la Constitución y la ley les reconoce, cautelando y promoviendo la diversidad de proyectos educativos.
«La misión de la Superintendencia de Educación Superior es contribuir al aseguramiento de la calidad de la educación superior, velando para que las instituciones que la integran cumplan con la normativa vigente, utilicen sus recursos de manera eficiente y resguarden efectivamente el derecho a la educación, a través de la fiscalización de sus principales procesos, la atención de reclamos y denuncias, el acompañamiento focalizado de aquellas entidades que enfrenten riesgos, y la generación de información pública relevante».
«Ser reconocida por los distintos actores como una institución que, poniendo el foco en las personas, en la calidad de la educación y en el incremento de la confianza, contribuye eficazmente a través del ejercicio de sus funciones a la estabilidad y desarrollo del sistema de educación superior en su conjunto».
Esta institución es parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES), compuesto también por:
– Subsecretaría de Educación Superior: Órgano colaborador del Ministerio de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas y programas para la educación superior, especialmente en materias destinadas a su desarrollo, promoción, internacionalización y mejoramiento continuo, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional.
– Comisión Nacional de Acreditación: Organismo autónomo que verifica y promueve la calidad de la educación superior. En su funcionamiento tiene las atribuciones, tanto de manera general, como otras de carácter específico, relativas a: la acreditación institucional; la acreditación de carreras y programas de pregrado; la autorización supervisión y sanciones aplicables a las agencias acreditadoras de carreras y programas de pregrado y postgrado; y la entrega información por parte de las instituciones de educación superior.
– Consejo Nacional de Educación: Organismo autónomo, desarrolla las funciones de licenciamiento de nuevas instituciones; es la instancia de apelación de decisiones de acreditación adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y apoya al Ministerio de Educación en las decisiones de cierre de instituciones de educación superior, tanto en licenciamiento como autónomas.
Francisco Achurra G. es abogado de la Universidad Diego Portales y Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Los Andes.
Por casi 30 años se ha desempeñado prestando asesorías a entidades públicas y privadas en materias regulatorias, corporativas, judiciales y de cumplimiento normativo (compliance), ejerciendo por más de 15 años funciones de jefatura y dirección respecto de equipos de trabajo multidisciplinarios.
Entre junio de 2019 y febrero de 2023 se desempeñó como Fiscal de la Superintendencia de Educación Superior, formando parte del equipo responsable de implementar dicha entidad de control.
Francisco Achurra González
Daniella Maureira Arrizaga
Karla Escobar Parada
Valeria Aldana Schmeisser
Daniella Maureira Arrizaga
Karla Escobar Parada
Valeria Aldana Schmeisser
Es responsable de articular y apoyar la relación entre las divisiones, departamentos y unidades en la resolución de temas complejos y en la implementación de las líneas de acción determinadas por el/la Superintendente/a.
Responsable de la generación y planificación de actividades de difusión y comunicación interna y externa para la Superintendencia.
Asesora técnicamente al Superintendente, promueve mecanismos de autocontrol, evalúa y recomienda mejoras en el sistema de control interno.
Asesora en la gestión presupuestaria, planifica el presupuesto anual, administra sistemas de incentivos, supervisa convenios de desempeño y realiza seguimiento de compromisos. Colabora en informes de dotación, ejecución presupuestaria y manuales de procedimientos para mejorar procesos internos de la Superintendencia.
Promueve el uso eficiente de recursos tecnológicos, coordina proyectos, optimiza sistemas y bases de datos, implementa políticas de ciberseguridad, garantiza el funcionamiento de plataformas y servicios y gestiona servidores para asegurar la operatividad continua. Identificar oportunidades de mejora a partir del análisis de procesos internos.
Prestar asesoría jurídica permanente al Superintendente/a, divisiones, departamentos y unidades de la Superintendencia, velando por la legalidad de los actos de la institución, además de asesorar jurídicamente, tanto a usuarios internos como externos, en todas aquellas materias que sean propias del servicio. Sustanciar los procedimientos sancionatorios de la Ley N°21.091 y administrativos de la Ley N°20.800 y proponer al Superintendente/a la aplicación de sanciones y medidas respectivas. Proponer las interpretaciones a la normativa educacional del sector de educación superior y coordinar las acciones tendientes a la representación y defensa judicial del servicio.
Propone lineamientos jurídicos y administrativos, elabora proyectos de resolución para procedimientos sancionatorios o archivo, coordina tramitación, realiza seguimiento de plazos, mantiene registro de infracciones, visando actos administrativos y contratos. Colabora en la revisión de antecedentes y títulos para contratos, y visa actos administrativos internos de la Superintendencia, asegurando la legalidad en todos los procesos.
Coordina la tramitación judicial de recursos de protección y reclamación contra resoluciones del/de la Superintendente/a, elabora informes para Cortes y apelaciones, sistematiza sentencias, tramita reclamos de ilegalidad, asesora en normativa educacional, prepara respuestas a entidades estatales y coordina causas judiciales laborales, civiles y de contratación pública, así como las relacionadas con la responsabilidad civil de directores de instituciones de educación superior.
Controla el cumplimiento de metas y compromisos, asesora en su construcción, monitorea tiempos, realiza informes de gestión e indicadores, participa en la gestión presupuestaria, capacita en áreas específicas, colabora en proyectos tecnológicos y asesora en eficiencia de procesos internos de la Fiscalía, brindando un soporte integral para el logro de objetivos institucionales.
Es la encargada de la planificación, desarrollo y control de las actividades de supervisión y fiscalización de las instituciones de educación superior y de aquellas personas relacionadas establecidas en la ley, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las leyes y normas del sector de educación superior y el uso de los recursos para los fines que les son propios de acuerdo con la ley y sus estatutos. Diseñar procesos, instrumentos y pautas de supervisión y fiscalización.
Elaboración y diseño del Modelo de Supervisión, procesos y planes. Realiza acciones de supervisión y fiscalización para verificar que las instituciones utilicen sus recursos adecuadamente. Fiscaliza operaciones con personas relacionadas, analiza hechos esenciales y evalúa la situación financiera de las instituciones. Además, revisa contabilidades, realiza auditorías, investiga infracciones y colabora en el diseño de circulares y procedimientos. Elabora y monitorea planes voluntarios de ajuste financiero, asegurando su seguimiento técnico. Conduce investigaciones conforme a la Ley 20.800.
Realiza fiscalizaciones focalizadas en el uso de recursos, investigaciones especiales, y propone el diseño del proceso de rendición de cuentas del financiamiento por gratuidad. Además, ejecuta acciones de fiscalización para el Fondo Solidario de Crédito Universitario, investiga conforme a la Ley N°20.800, y apoya en el análisis de estados financieros.
Evalúa y fiscaliza la situación financiera de las instituciones de educación superior, analizando sus estados contables y proponiendo recomendaciones o planes voluntarios de ajuste. Supervisa la correcta ejecución de estos planes, revisa auditorías y contabilidad, y elabora informes financieros y normativos para organismos competentes. Además, realiza auditorías y fiscalizaciones vinculadas al uso de recursos y fondos públicos, asegurando el cumplimiento de la normativa y el seguimiento de compromisos institucionales.
Investiga y supervisa el cumplimiento de planes de recuperación, administración provisional y seguimiento financiero conforme a la Ley 20.800, evaluando su grado de avance. Coordina con otras unidades para elaborar y monitorear estos planes, así como para dar seguimiento a recomendaciones y compromisos institucionales. Además, colabora en programas de fiscalización orientados a verificar el cumplimiento normativo y la correcta gestión de recursos.
Tiene la facultad de evaluar y gestionar denuncias recibidas o detectadas por la División de Supervisión, determinando su mérito y proponiendo su archivo o fiscalización. Realiza acciones de auditoría y verificación normativa, diseña procedimientos y criterios técnicos estandarizados, y coordina la tramitación con otras unidades o entidades competentes. Además, impulsa mejoras en sistemas y herramientas de gestión, ejecuta el seguimiento de compromisos institucionales, y colabora en programas de fiscalización e indicadores de desempeño. Contribuye a la elaboración de estadísticas, estudios e informes públicos, asegurando la eficiencia, trazabilidad y efectividad en la supervisión.
La función consiste en controlar el cumplimiento de metas y compromisos de la División, asesorando en la definición de indicadores y elaborando informes de gestión. Incluye el monitoreo de tiempos, presupuesto y seguimiento de proyectos tecnológicos, así como de recomendaciones de fiscalización. Además, brinda apoyo técnico y estratégico a la jefatura para optimizar procesos internos y mejorar su eficiencia.
Recibe y revisa la admisibilidad de reclamos y denuncias contra instituciones de educación superior, gestionando información previa y derivaciones según corresponda. Cuando procede, conduce procesos de mediación para resolver conflictos entre reclamantes e instituciones. Además, atiende consultas de la comunidad, reporta casos graves o vulneraciones de derechos a la jefatura y remite antecedentes relevantes a las unidades competentes para su fiscalización.
Elaboración y diseño del Modelo de Supervisión, procesos y planes. Realiza acciones de supervisión y fiscalización para verificar el cumplimiento de normativas educativas, asegurando que las instituciones utilicen sus recursos adecuadamente. Fiscaliza operaciones con personas relacionadas, analiza hechos esenciales y evalúa la situación financiera de las instituciones. Además, revisa contabilidades, realiza auditorías, investiga infracciones y colabora en el diseño de circulares y procedimientos. La División impulsa la coordinación interna y ejecuta procesos de fiscalización focalizados.
Realiza fiscalizaciones focalizadas en el uso de recursos, investigaciones especiales, y propone el diseño del proceso de rendición de cuentas del financiamiento por gratuidad. Además, ejecuta acciones de fiscalización para el Fondo Solidario de Crédito Universitario, investiga conforme a la Ley N°20.800, y apoya en el análisis de estados financieros.
Supervisa la implementación de recomendaciones de la División de Supervisión por parte de instituciones de educación superior. Coordina supervisión preventiva, supervisa compromisos financieros y planes de recuperación bajo la Ley N°20.800, y apoya el análisis y seguimiento de estados financieros.
Le corresponde administrar y supervigilar eficientemente los recursos físicos, financieros, contables, presupuestarios, humanos, tecnológicos, de planificación estratégica y control de gestión de la Superintendencia. Promover e implementar políticas y medidas tendientes a su uso eficiente, garantizando que el soporte brindado a nivel interno responda a las necesidades del servicio y cumpla con los estándares de eficiencia, oportunidad y calidad, basados en los lineamientos institucionales y disposiciones legales vigentes, contribuyendo al cumplimiento de los planes estratégicos y resguardando el patrimonio de la institución. Formular, ejecutar y controlar el presupuesto anual del servicio, conforme a las definiciones estratégicas y en coordinación con las demás divisiones, departamentos y unidades de la institución.
Gestiona el ciclo laboral y eventos relevantes, asesora en procedimientos y normativas, genera información para decisiones institucionales, implementa sistemas de calificación y evaluación, dirige procesos de reclutamiento y capacitación, promueve clima organizacional, seguridad y calidad de vida laboral. Fomenta iniciativas innovadoras, dialoga con los empleados, proyecta presupuestos, gestiona el pago de remuneraciones y prepara informes para organismos públicos cuando necesario.
Administra el Sistema Financiero Contable, asegurando registros presupuestarios adecuados. Elabora informes financieros, ejecuta pagos, gestiona contrataciones públicas, supervisa contratos de servicios y planifica pagos de proveedores. Además, coordina el sistema de inventario de activos conforme a normativa vigente.
Registra, supervisa y distribuye documentos oficiales, mantiene archivos físicos seguros, colabora con otras divisiones, utiliza plataformas digitales de comunicación del Estado y gestiona el archivero de documentos en papel.
Le corresponde coordinar y gestionar los procesos de intercambio de información con las instituciones de educación superior, así como la administración de las plataformas informáticas sobre las cuales se llevan a cabo dichos procesos. Realizar informes, reportes y estudios que promuevan la toma de decisiones de la Superintendencia basadas en evidencia, bajo estándares de calidad y rigor metodológico. Publicar reportes, informes y estudios para informar a los actores relevantes y la ciudadanía acerca de la actividad e impacto de la Superintendencia en el sector y de las principales tendencias y desarrollos de la educación superior chilena. Consolidar, registrar y mantener actualizada la información generada en los procesos de solicitud a las instituciones de educación superior.
Coordina informes para organismos del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES), administra solicitudes y plataformas de información, consolida datos, proporciona información interna, informa a la Fiscalía incumplimientos normativos, lidera acciones de gobernanza de datos, desarrolla métricas de cumplimiento y apoya capacidades en instituciones de educación superior. Además, propone alianzas con organismos públicos para el cumplimiento de funciones de la Superintendencia.
Elabora índices, estadísticas y estudios para respaldar decisiones. Desarrolla y actualiza la inteligencia de negocios, promueve innovación tecnológica y difunde información en el sitio web. Evalúa el impacto de acciones regulatorias, realiza estudios periódicos en áreas clave de la educación superior chilena y contribuye a una toma de decisiones basada en datos y evidencia.
La Superintendencia de Educación Superior es un organismo público creado por la Ley N°21.091, sobre Educación Superior, orientado a fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país, así como fiscalizar porque éstos destinen sus recursos a los fines que les son propios, de acuerdo a la ley y sus estatutos.
Esta institución se crea como parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, compuesto también por el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación.
Este nuevo organismo fiscalizador tiene como propósito contribuir a la mejora de la calidad de la educación superior colaborando, junto a los demás organismos del sistema, a aumentar la transparencia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, resguardando a su vez la fe pública depositada por la sociedad en ellas.
Las principales funciones que tiene la Superintendencia de Educación Superior, operacionalizadas en los objetivos estratégicos que se ha propuesto, son las siguientes:
Para poder llevar adelante sus tareas de fiscalización, la Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:
Requerir a las instituciones de educación superior información referida a su situación económica y patrimonial, la composición de sus órganos de administración y gobierno, los actos y convenciones que celebre con entidades relacionadas y otros hechos de carácter esencial que puedan afectar estratégicamente a la institución.
Citar a los miembros de los órganos de administración y gobierno, así como a las autoridades superiores de la institución.
Solicitar información aclaratoria a las instituciones de educación superior para la adecuada gestión de las solicitudes de reclamo y denuncia.
Derivar los antecedentes a otros organismos públicos (SERNAC, Dirección del Trabajo, Ministerio Público, SII, etc.) para el caso de reclamos y denuncias que escapen al ámbito de sus competencias.
Establecer procesos sancionatorios y aplicar multas a las instituciones de educación superior, cuando corresponda.
Concurrir a las instalaciones de la institución de educación superior para fiscalizar en terreno su funcionamiento.
Nombrar, ante situaciones de incumplimiento grave por parte de los controladores de una institución de educación superior, a un administrador provisional que la gestione y evalúe su viabilidad académica y financiera.
La Superintendencia de Educación Superior dispone en su sitio web, www.sesuperior.cl, de un formulario electrónico en el que se ingresan todos los reclamos y/o denuncias. El usuario debe registrarse ingresando sus datos personales y de contacto. Al ingresar tu reclamo o denuncia se debe incorporar, con el mayor nivel de detalle, los antecedentes del caso y adjuntar toda la información que se considere relevante para ayudar a la gestión de ésta.
Una vez presentado el reclamo o denuncia, la Superintendencia de Educación Superior cuenta con un plazo de 15 días hábiles para realizar un análisis preliminar del caso y determinar el curso a seguir, lo que puede implicar la apertura de un procedimiento de fiscalización, oficiar como mediador entre las partes involucradas, derivar a otros organismos competentes, o bien, desestimar el caso si es que no cumple con los criterios para su tramitación.
La mediación obedece a un proceso orientado a acercar posiciones entre las partes, en donde la Superintendencia de Educación Superior cumple un rol de interlocución y de contraparte imparcial, que busca tender los puentes para resolver la problemática que se suscite entre ambas partes en conflicto. La premisa detrás de un proceso de mediación es que las partes son capaces de encontrar por sí mismas una solución satisfactoria a sus diferencias, por medio de una búsqueda conjunta de alternativas de resolución; todo este proceso debidamente direccionado por un mediador imparcial, como ocurre con la Superintendencia de Educación Superior.
Ante la eventualidad de que no sea posible alcanzar un acuerdo satisfactorio entre las partes en el proceso de mediación, el denunciante puede tramitar su caso bajo la figura de una denuncia, debiendo cumplir con los criterios establecidos para ello. Será labor de la Superintendencia de Educación Superior analizar los méritos del caso e instruir las acciones que correspondan en consecuencia.
Mediante una denuncia, una persona o grupo de personas ponen en conocimiento de la Superintendencia una eventual irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan.
La Superintendencia de Educación Superior es un organismo público creado por la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, orientada a fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnicas del país, así como fiscalizar porque éstas destinen sus recursos a los fines que les son propios, de acuerdo a la ley y sus estatutos.
Esta institución fue creada como parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, compuesto también por el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación.
Este organismo fiscalizador inició sus funciones en mayo de 2019 y tiene como propósito contribuir a la mejora de la calidad de la educación impartida en la educación superior colaborando, junto al resto de los órganos pertenecientes al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, a aumentar la transparencia y la confianza que las personas y la ciudadanía en el sistema, resguardando a su vez la fe pública depositada por la sociedad en las diversas instituciones de educación superior del país.
En el ejercicio de su función fiscalizadora y de supervigilancia, la Superintendencia respeta la autonomía de las instituciones de educación superior y la libertad académica que la Constitución y la ley les reconoce, cautelando y promoviendo la diversidad de proyectos educativos.
«La misión de la Superintendencia de Educación Superior es contribuir al aseguramiento de la calidad de la educación superior, velando que las instituciones cumplan con la normativa vigente, hagan uso correcto de sus recursos financieros y den cumplimiento a las condiciones convenidas en sus diversas prestaciones educativas, a través de acciones de fiscalización, acompañamiento y producción de información pública a los diversos actores de la educación superior.».
«Ser reconocida por los distintos actores como una institución que, poniendo el foco en las personas, en la calidad de la educación y en el incremento de la confianza, contribuye eficazmente a través del ejercicio de sus funciones a la estabilidad y desarrollo del sistema de educación superior en su conjunto».
Esta institución es parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES), compuesto también por:
– Subsecretaría de Educación Superior: Órgano colaborador del Ministerio de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas y programas para la educación superior, especialmente en materias destinadas a su desarrollo, promoción, internacionalización y mejoramiento continuo, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional.
– Comisión Nacional de Acreditación: Organismo autónomo que verifica y promueve la calidad de la educación superior. En su funcionamiento tiene las atribuciones, tanto de manera general, como otras de carácter específico, relativas a: la acreditación institucional; la acreditación de carreras y programas de pregrado; la autorización supervisión y sanciones aplicables a las agencias acreditadoras de carreras y programas de pregrado y postgrado; y la entrega información por parte de las instituciones de educación superior.
– Consejo Nacional de Educación: Organismo autónomo, desarrolla las funciones de licenciamiento de nuevas instituciones; es la instancia de apelación de decisiones de acreditación adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y apoya al Ministerio de Educación en las decisiones de cierre de instituciones de educación superior, tanto en licenciamiento como autónomas.
El reclamo es la petición realizada a la Superintendencia para que ésta intervenga como mediador en la controversia existente entre el reclamante y alguna de las instituciones de educación superior fiscalizadas.
Proponer una alternativa de solución al problema particular del reclamante en una eventual mediación que instruya la Superintendencia.
Soy la persona interesada o la represento
Tengo un problema que no he podido solucionar con una Institución de Educación Superior. Tengo antecedentes para acreditar el problema (correos electrónicos, audios, textos, documentos formales, etc.) con la institución de educación superior.
Proponer una alternativa de solución al problema particular del reclamante en una eventual mediación que instruya la Superintendencia.
La denuncia es el acto por medio del cual se pone en conocimiento a la Superintendencia de una eventual irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan
Aplicar por parte de la Superintendencia las sanciones que
correspondan de conformidad con la ley.
Es importante considerar que la denuncia NO persigue una
solución al problema particular del denunciante
Soy la persona interesada o la represento.Quiero o NO quiero revelar mi identidad (Si la opción es NO se comunicará con usted un funcionario de la SES para levantar o ratificar dicha reserva).Puedo describir los hechos concretos constitutivos de infracción, el lugar y fecha en que ocurrieron.De ser posible, identificaré al presunto infractor (docente, estudiantes, autoridad administrativa, etc.).
En virtud de las categorías de denuncias:
Obtención de antecedentes académicos: certificados (notas, alumno regular, ranking, reconocimiento de horas, título, grado y egreso), planes y programas, concentración de notas
Problemas en la comunidad institucional derivados de incumplimientos de la reglamentación interna de las instituciones
Cobros por retiro o suspensión académica, cobro errado.
Beneficios y/o ayudas estudiantiles (becas y créditos)
Publicidad engañosa 
Infraestructura o equipamiento, laboratorios, soporte informático
Postulación y admisión prueba de selección
Política integral contra el acoso sexual, violencia y discriminación de género
Incumplimientos en materia de Educación escolar
Postulación y renovación de becas asignadas por el Ministerio de Educación
Instituciones de educación superior no reconocidas por el Estado
Requerimientos en instituciones cerradas
Materias laborales
Matrícula asociada a documentación migratoria
