The 6 de mayo de 2019 iniciamos un desafío histórico: poner en marcha una Superintendencia de Educación Superior que resguardara el derecho a la educación de los estudiantes y fortaleciera el sistema en su conjunto.
Nacimos gracias a un amplio consenso social y político, que entendió la necesidad de contar con una institución pública autónoma, técnica y con atribuciones claras para fiscalizar a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, promoviendo la transparencia, la sostenibilidad financiera y el cumplimiento de la ley, siempre con respeto a la autonomía institucional.
En estos seis años de ejercicio, hemos recibido y gestionado más de 13 mil reclamos y denuncias. Cada uno de estos casos representa la confianza de estudiantes, familias y comunidades que esperan respuestas y justicia. Gracias al trabajo riguroso y comprometido de nuestro equipo, el 57,2% de estos casos ha obtenido resultados favorables para los reclamantes.
Nuestro trabajo no se detiene ahí. Fiscalizamos, analizamos riesgos, emitimos alertas tempranas y entregamos información clara y oportuna a la ciudadanía, para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro educativo.
Todo esto es posible gracias a un equipo profesional y humano profundamente comprometido con el interés público: abogadas, analistas, fiscalizadores, economistas, técnicos, y muchas otras personas que comparten una misma misión: resguardar el derecho a la educación.
💙 Gracias a quienes han sido parte de este camino, y a quienes confían en nuestra labor.
Seguimos adelante, porque aún queda mucho por hacer.





