La Superintendencia de Educación Superior (SES) realizó esta mañana su Cuenta Pública Participativa 2025, encabezada por el superintendente José Miguel Salazar, instancia en la que se presentaron los principales avances institucionales logrados durante los años 2024 y 2025, en el marco de la consolidación del rol regulador del organismo en apenas seis años de ejercicio, y la protección efectiva de los derechos de estudiantes del sistema de educación superior.
Entre los principales hitos destacados, la autoridad subrayó el incremento del 20% en los reclamos y denuncias ingresados durante 2024, alcanzando un total de 5.383 casos tramitados. Las materias más reclamadas estuvieron relacionadas con aspectos académicos con 41,4% del total(como inscripción de asignaturas, evaluación académica), y temas financieros con 35,7% (como cobro por retiro, beneficios estudiantiles y condicionamiento por deuda, entre otros), reflejando una creciente confianza de la ciudadanía en el rol fiscalizador del organismo. El 57,2% de los casos cerrados terminó con resolución favorable para los solicitantes.
Asimismo, se relevó la dictación de una nueva Norma de Carácter General sobre sana convivencia y salud mental en campos clínicos, orientada a resguardar las condiciones formativas de estudiantes del área de la salud, promoviendo estándares mínimos de protección y prevención de maltrato, abuso y negligencias formativas.
Durante el periodo también se fortaleció la potestad sancionadora de la institución. En 2024 se resolvieron 36 procedimientos sancionatorios, lo que se tradujo en 21 sanciones efectivas, de las cuales 8 correspondieron a multas y 13 a amonestaciones. El total recaudado por concepto de multas cursadas en 2024 alcanzó las 8.091 UTM, recursos que ingresan directamente a las arcas fiscales.
En paralelo, la SES ha reforzado su rol garante de derechos estudiantiles mediante diversos pronunciamientos e interpretaciones normativas que han permitido clarificar y hacer exigibles obligaciones institucionales en materia como el no condicionar la titulación al pago de aranceles, entre otras.
Finalmente, se presentaron dos nuevos instrumentos clave de análisis y monitoreo: el Segundo Informe de Salud Financiera del sistema de educación superior, que detectó que un 4,6% de la matrícula nacional se concentra en instituciones con alto riesgo financiero, y la Primera Encuesta EPAES, que recogió la percepción de más de 300 autoridades sobre sostenibilidad, innovación y regulación.
La Cuenta Pública 2025 marca un nuevo hito en la consolidación del rol preventivo y técnico de la Superintendencia, que proyecta continuar avanzando en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales, la dictación de nueva normativa, y un acompañamiento más eficaz a las instituciones con dificultades, todo ello con el objetivo de resguardar la viabilidad del sistema y los derechos de sus estudiantes.
Obtención de antecedentes académicos: certificados (notas, alumno regular, ranking, reconocimiento de horas, título, grado y egreso), planes y programas, concentración de notas
Problemas en la comunidad institucional derivados de incumplimientos de la reglamentación interna de las instituciones 
Cobros por retiro o suspensión académica, cobro errado.
Beneficios y/o ayudas estudiantiles (becas y créditos) 
Publicidad engañosa 
Infraestructura o equipamiento, laboratorios, soporte informático 
Postulación y admisión prueba de selección 
Política integral contra el acoso sexual, violencia y discriminación de género 
